La ley 8093, decretada el 22 de febrero del 2001, contempla la creación de un programa que, apoyado por una serie de entes gubernamentales como el Ministerio de Educación Pública, pretende proveer de educación en contra de las drogas a los y las estudiantes de las instituciones públicas y privadas del país. Económicamente, el mismo será dotado de dinero proveniente de pequeños porcentajes del presupuesto del MEP, del Ministerio de Justicia y Gracia, y del Centro Nacional para la Prevención de Drogas (CENADRO) por medio de porcentajes e intereses de las incautaciones realizadas.
La misma es un apoyo a la ley 7786, la cual comprende lo referente a los estupefacientes, psicotrópicos, drogas de uso no autorizado, actividades conexas legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Se plantea, de alguna manera, como una alternativa de prevención contra el uso y abuso de las drogas. Parte del financiamiento del programa, de hecho, proviene de lo obtenido gracias al artículo 84 de la Ley 7786.
Hablando propiamente del contenido de la ley, el programa busca la formación de una cultura antidroga, mediante la incorporación de objetivos, contenidos, lecciones y actividades que se implementan en instituciones educativas. La premisa del programa es abarcar todos los años de la educación general básica; desde el primer año de preescolar hasta el noveno en secundaria.
Programas de este tipo se han implementado en el país con anterioridad. El programa norteamericano D.A.R.E., en conjunto con la fuerza pública del país, se plantea como un Programa Policial Preventivo, en el que se tienen como objetivos promover habilidades básicas para la toma de decisiones que contribuyan a la prevención del uso y abuso de las drogas. Además, se plantea el trabajo con padres y madres de familia, específicamente en tiempos no lectivos, para reforzar habilidades y el compromiso de cada hogar de fomentar la prevención.
Lo cierto de estos programas, según nuestra lectura, es que basan su trabajo en buenas intenciones, sin embargo no se les ha dado un enfoque correcto pues muchas veces están basados en información científica obsoleta, juicios de valor nacidos en sectores religiosos, cuestionamientos morales, entre otras problemáticas.
En cuanto al trasfondo, existe un sesgo en la educación sobre drogas en el país. Debido, probablemente, a una política mimetista de las ya existentes leyes estadounidenses que prohíben el uso de una gran cantidad de drogas, en Costa Rica se ha optado por tomar el mismo camino de la prohibición y con ello se toman decisiones, no sólo a nivel educativo, sino a nivel de seguridad social, de salud, de economía y turismo, entre otros, que tienen consecuencias tanto positivas como negativas para la ciudadanía y el desarrollo del país.
El simple hecho de que la ley, en su nombre, lleve la palabra “contra” ya imprime un sesgo en la visión y alcance de la misma. Una educación verdaderamente basada en la ciencia, ajustada a la realidad nacional e internacional, al contexto costarricense, al nivel de entendimiento y conocimiento al que hemos llegado los humanos en pleno siglo XXI, podría ofrecer mucho más que la misma cascada de información desactualizada y manipulada para conveniencia de intereses. Al utilizar la frase “educación contra las drogas”, surge una especie de oxímoron, pues la educación no puede ir en contra del tema al que está refiriendo. Para usos prácticos, sería más digno y realista llamarle “adoctrinamiento contra las drogas”. No permite a las personas accesar información verídica ni correcta, ni oponerse de forma alguna a los planteamientos, pues la supuesta educación que proporciona va deporsí en contra de las drogas.
A este punto, podríamos preguntarnos ¿pero qué tiene de malo que vaya en contra de las drogas?. Efectivamente, es necesario que existan programas de prevención del uso de drogas, es necesario que la gente obtenga información verídica sobre las sustancias que se manejan en la calle, que conozca sus verdaderos efectos, sus usos alternativos, y que de esta manera sepan educar verdaderamente a las futuras generaciones en cuanto a la forma en la que se debe enfrentar el tema de drogas. No podemos seguir achacando el problema de las drogas a las clases desposeídas a nivel socioeconómico, no podemos seguir culpando a los padres o encargados por los miles de niños y adolescentes drogadictos que hoy en día habitan las calles citadinas buscando cómo satisfacer sus vicios; de hecho, no podemos seguir buscando culpables por algo tan natural e inherente al ser humano como la injerencia de sustancias y medicinas, también llamadas drogas.
Un aspecto que no se puede dejar pasar, es la doble moral del Gobierno costarricense al promover este tipo de políticas y programas, a sabiendas que existen monstruos empresariales apoyados o protegidos de distintas maneras, por el gobierno, para que se produzcan y se vendan drogas en Costa Rica. Tal es el caso de la cervecería o de la fábrica nacional de licores.
A propósito de que existan drogas legales con su respectiva regulación, como lo son el tabaco y el alcohol, conocidas por sus efectos en el comportamiento y la salud humana, es pertinente hacer un análisis en cuanto a esta situación. Según datos publicados en el periódico La Prensa Libre, el día 31 de mayo de 2011, la Caja Costarricense del Seguro Social invirtió 73 mil millones de colones en enfermedades asociadas al cigarrillo. Además, se indica que el consumo de tabaco se encuentra en 14 de cada 100 ticos. La Fábrica Nacional de Licores, sólo en el 2011 vendió un total de 21 mil millones de colones, de acuerdo a los datos administrados por Eulogio Domínguez, administrador general de la institución, en la columna de opinión del periódico La nación el día 27 de febrero del presente año. Un informe sobre las drogas más adictivas del mundo, llevado a cabo por la revista Health, señala la nicotina como la droga más adictiva del mundo, por encima de drogas como el crack, las metanfetaminas o la heroína, y al alcohol en el puesto número 8, por encima de drogas como la cocaína, el éxtasis y el ácido lisérgico (lsd). Estos datos reflejan un alto coste y un excesivo consumo por parte de la población costarricense. Esto es un indicador más de que la educación no está siendo efectiva, y que además las drogas que se están consumiendo, y que el gobierno incluso apoya, son las más dañinas.
No se trata de desprestigiar el proyecto de ley, tampoco se trata de promover el uso indiscriminado de las drogas, sino que se propine información verdadera sobre las mismas, que no existan tabús ni estigmas para tocar estos temas, que se tomen en cuenta los peligros de las drogas farmacéuticas, que se le dé el trato adecuado a las drogas según su efecto e implicaciones, y que el país sepa enfrentar el problema de drogas de una manera integral, para que así pueda ofrecerles a sus niños y jóvenes verdaderas oportunidades para decirle no a las drogas, y en el caso de que se decidieran por consumir, que sean consumidores responsables que conozcan los verdaderos efectos, beneficios, daños y demás aspectos relativos a la droga elegida.
Si bien es cierto, el programa puede ayudar a muchas personas, especialmente a aquellos niños y jóvenes quienes en sus hogares no cuentan con una orientación adecuada respecto a estos temas, sin embargo, se están utilizando fondos públicos para llevar a cabo una iniciativa que no tiene las mejores herramientas, ni los mejores métodos ni mucho menos los mejores argumentos temáticos.
Es necesario que se busquen nuevas alternativas para embarcarse en el vasto océano de las drogas, pero con certeza podemos decir, después de más de 20 años, que la guerra contra las drogas ha sido un rotundo fracaso. La simple idea de que un aparato gubernamental, aún con altísimo presupuesto, sea capaz de controlar el tráfico de drogas de un país resulta absurda y sumamente utópica, además de ir en contra de la libertad de expresión y albedrío que, en teoría, tenemos los habitantes de este planeta, propiamente de este país.
Finalmente, es prudente recordar que las drogas siempre han existido en nuestro entorno, que el alcance y el acceso siempre ha estado, siempre ha habido consumidores, y a pesar de las duras políticas y castigos que se dan en la actualidad para quienes trafiquen, todo parece indicar que siempre habrá consumidores, por lo que siempre habrán distribuidores. Esto no se puede negar, esto no se puede evitar a un nivel siquiera aceptable en cuanto a objetivos posibles que pueda trazarse un gobierno. Es hora de que el país cambie de mentalidad, que el gobierno cambie sus políticas sobre drogas, que la ciudadanía obtenga información de manera responsable y genere una opinión y acciones a partir de una fundamentación científica y apegada a la realidad costarricense.
Y así es, paz a todos. Pablo.
